Indignación estudiantil ante la omisión institucional
La comunidad estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha alzado la voz en un acto de protesta contundente tras el feminicidio de María Fernanda Orozco, una joven de 24 años cuya vida fue arrebatada en un contexto de violencia que, según denuncian sus compañeras, pudo ser prevenido. El bloqueo de la prolongación de la 14 Oriente en San Andrés Cholula no solo fue un grito de justicia, sino una denuncia directa contra la postura de la institución educativa. La indignación se centra en el comunicado emitido por el rector Luis Ernesto Derbez, quien intentó desvincular a la universidad del caso, negando el estatus de estudiante de la víctima. Para las manifestantes, este acto no es un error administrativo, sino una estrategia deliberada de control de daños que raya en la complicidad, al priorizar la imagen pública de la universidad sobre la memoria y la dignidad de una integrante de su propia comunidad.
Contradicciones y el peso de la evidencia
Las pruebas presentadas por el colectivo estudiantil contradicen frontalmente la versión oficial de la universidad. Según los testimonios recabados, tanto María Fernanda Orozco como el presunto agresor, quien era su pareja sentimental, contaban con registros y correos institucionales vigentes. La narrativa de las estudiantes revela un patrón de violencia sistemática: tras la ruptura de la relación, la víctima fue objeto de un acoso persistente que culminó en el fatal desenlace. La negativa de la institución a reconocer estos hechos no solo revictimiza a la joven, sino que expone una preocupante falta de protocolos de seguridad y atención a la violencia de género dentro del campus, dejando a las estudiantes en un estado de vulnerabilidad donde, como corearon durante la protesta, solo pueden confiar en sus redes de apoyo mutuo.
El cuestionamiento a la ineficacia ministerial
El foco de la crítica también se ha trasladado hacia la Fiscalía de Puebla, cuya actuación en las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo ha sido calificada de negligente. La exigencia de explicaciones sobre la demora de más de 12 horas para procesar la escena del crimen no es menor; este retraso pone en riesgo la cadena de custodia y la integridad de las pruebas necesarias para sustentar una acusación sólida. La justificación oficial, que alude a una supuesta falta de unidades forenses, resulta inaceptable ante la gravedad de un feminicidio. La sociedad civil cuestiona si esta inacción es producto de una carencia de recursos o de una desidia institucional que perpetúa la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en la entidad.
Un llamado a la rendición de cuentas
El caso de María Fernanda Orozco se suma a una larga lista de pendientes en materia de procuración de justicia en Puebla. La exigencia de las estudiantes es clara: transparencia por parte de la Fiscalía de Puebla y una rectificación ética por parte de la UDLAP. La lucha por la verdad no solo busca castigar al responsable directo, sino desmantelar las estructuras de silencio que permiten que la violencia de género se normalice en los espacios académicos. Mientras las autoridades guardan silencio o emiten comunicados evasivos, la comunidad universitaria mantiene su postura: la justicia no es negociable y el intento de borrar el nombre de una víctima de la historia institucional es, en sí mismo, un acto de violencia que no será tolerado por quienes hoy exigen, con firmeza, que se esclarezcan los hechos y se garantice la seguridad de todas las mujeres.
