El caso que estremeció al país
La muerte de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán”, a los 78 años en el penal de Tenango del Valle, no cierra las heridas de una sociedad marcada por la negligencia institucional. El fallecimiento, atribuido a causas naturales derivadas de un cuadro de hipertensión y diabetes, pone punto final a la existencia de un depredador que operó con total libertad durante cuatro décadas. La pregunta que resuena en las esferas de seguridad pública es cómo un individuo pudo acumular miles de restos óseos en su domicilio sin que las autoridades detectaran un patrón criminal que, según sus propias anotaciones, se remontaba al menos hasta 1994. Su deceso ocurre mientras el sistema judicial mexicano sigue bajo la lupa por su incapacidad para prevenir la escalada de violencia feminicida que el caso de Mendoza Celis representa en su máxima expresión.
La fragilidad de la justicia frente al horror
La captura de este sujeto en mayo de 2021, tras el feminicidio de Reyna González Amador, fue posible únicamente gracias a la intervención de un esposo policía que, ante la inacción de las corporaciones, decidió actuar por cuenta propia. Este hecho desnuda una realidad política incómoda: la justicia en México a menudo depende de la voluntad individual y no de protocolos de investigación eficaces. A pesar de que las autoridades hallaron más de 4 mil 300 restos óseos y una bitácora con 29 nombres de posibles víctimas, el proceso de identificación genética ha sido lento y, en muchos casos, imposible debido al deterioro de los restos. La existencia de este “cuarto oculto” durante años es un recordatorio brutal de la desconexión entre las instituciones de seguridad y la realidad de las mujeres en el Estado de México.
Interrogantes sobre los crímenes
Aunque el sistema judicial dictó sentencias vitalicias y penas que sumaban cientos de años entre 2022 y 2024, la cifra real de víctimas sigue siendo una incógnita que las autoridades no han logrado esclarecer con precisión. La lista hallada en su libreta, que incluye nombres como Norma, Berenice Sánchez Olvera, Alyn, Gardenia, Flor Ninive y Rubicela, sugiere que el modus operandi de Mendoza Celis era sistemático: cortejar a mujeres en bares o espacios públicos para luego asesinarlas tras ser rechazado. La falta de una respuesta institucional temprana ante las desapariciones de estas mujeres plantea interrogantes severas sobre la eficacia de las fiscalías locales y su capacidad para conectar casos de mujeres desaparecidas que, en su momento, fueron tratadas como hechos aislados.
Indignación y la deuda social
La miniserie documental impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, titulada “Caníbal, indignación total”, intentó visibilizar la magnitud de este caso, pero el impacto mediático no sustituye la justicia reparatoria para las familias. La muerte de Mendoza Celis en prisión, sin que se lograra identificar a la totalidad de sus víctimas ni esclarecer el destino final de todas las personas cuyos restos fueron hallados en su propiedad, deja un vacío de verdad. Este caso no solo es el recuento de un asesino serial, sino el espejo de un Estado que permitió que el horror se normalizara en un sótano de Atizapán durante cuarenta años, dejando a su paso una estela de familias que aún esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
