Un corredor de violencia: la autopista México-Puebla
La autopista México-Puebla, que atraviesa San Martín Texmelucan, se ha convertido en el epicentro de la inseguridad vial en Puebla. Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el tramo que pasa por el municipio registra un promedio de catorce robos mensuales, con pérdidas que alcanzan los 14 millones de pesos por cada vehículo de carga secuestrado. Este fenómeno no es aislado; se trata de la manifestación más grave de un patrón de violencia que ha escalado en los últimos años, afectando la economía y la confianza de los operadores de transporte en la región.
Operativo Enjambre y la caída del alcalde morenista
En septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla lanzó el operativo Enjambre, con el objetivo de desarticular la banda conocida como Los Zúñiga. El resultado fue la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa, un político morenista, y de ocho presuntos miembros de la organización. Este golpe de estado local generó una breve reducción de los robos en el municipio de Esperanza, pero la violencia se desplazó a San Martín Texmelucan, donde la presencia del crimen organizado parece haber migrado sin cesar. La pregunta que persiste es: ¿qué mecanismos de control y vigilancia se están implementando para evitar que la violencia se replantee en otro punto de la autopista?
Demandas de los transportistas y la respuesta estatal
Durante el paro nacional convocado por Canacar, los transportistas exigieron al gobierno federal una mayor presencia de la Guardia Nacional y operativos similares a Enjambre en los municipios donde se sospecha de vínculos entre autoridades locales y grupos criminales. Además, se pidió la revisión de los cambios fiscales que redujeron el límite de ganancias anuales para la deducción de peajes, y se exigió una reducción de los precios del diésel y las tarifas de peaje. La respuesta del gobierno estatal ha sido la apertura a la colaboración, pero la falta de una estrategia integral de seguridad vial y la ausencia de una respuesta clara a las demandas de los operadores revelan una brecha entre la política y la realidad en la carretera.
El futuro incierto de la seguridad vial en Puebla
Con un déficit de alrededor de 100 mil operadores, la inseguridad vial está provocando la retirada de conductores que ya no se sienten seguros para operar en la autopista. La falta de garantías de seguridad no solo afecta la economía del transporte, sino que también pone en riesgo la vida de los conductores y la integridad de la cadena logística del estado. La pregunta que queda es: ¿qué medidas concretas se implementarán para garantizar la seguridad de los transportistas y, por ende, la estabilidad económica de Puebla? La respuesta dependerá de la voluntad política de los gobiernos federal y estatal, y de la capacidad de las autoridades para coordinar operativos efectivos y sostenibles.
