Escalada de violencia contra el patrimonio de Rocha Moya
La seguridad en Culiacán, Sinaloa, se encuentra bajo un escrutinio crítico tras la reciente agresión armada contra un inmueble que funcionó como casa de campaña del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. El ataque, perpetrado la noche del 26 de octubre en la colonia Chapultepec, no es un evento aislado, sino el segundo incidente de esta naturaleza en menos de seis meses. La fachada del edificio y varios vehículos en su interior fueron blanco de disparos, generando un clima de zozobra en una capital sinaloense que parece haber perdido el control frente a la violencia organizada. A pesar de la presencia del Ejército Mexicano en la zona, la opacidad de las autoridades locales y federales es absoluta: no existen detenidos, no hay líneas de investigación claras y el silencio oficial sobre el móvil de estos atentados alimenta las especulaciones en un estado marcado por la sombra del crimen.
Antecedentes y la sombra de la impunidad
El primer episodio de esta serie ocurrió el 9 de mayo, cuando otra propiedad de Rocha Moya, ubicada en la colonia Las Quintas, fue atacada a balazos. Resulta cuestionable que, a pesar de que el inmueble llevaba más de una década deshabitado, fuera seleccionado como blanco de una agresión directa. La falta de resultados por parte de las fiscalías para esclarecer estos hechos sugiere una incapacidad operativa o, peor aún, una negligencia deliberada. La declaración patrimonial del mandatario con licencia confirma que ambos inmuebles forman parte de su haber personal, lo que convierte estos ataques en un mensaje político y criminal de alta intensidad que las autoridades se han limitado a documentar sin ofrecer respuestas contundentes a la ciudadanía.
El contexto de la acusación estadounidense
Es imposible desvincular estos ataques del complejo escenario jurídico que enfrenta Rocha Moya a nivel internacional. En abril de 2026, el gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal Jay Clayton y la DEA, presentó una acusación formal que vincula al exgobernador con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. La narrativa judicial estadounidense es devastadora: sostiene que el ascenso al poder de Rocha Moya fue facilitado por el secuestro e intimidación de rivales políticos, a cambio de protección estatal para operaciones de narcotráfico. La lista de implicados, que incluye a exfuncionarios de la Fiscalía estatal y mandos policiales, dibuja un esquema de cooptación institucional que pone en duda la legitimidad de toda una administración estatal.
Crisis política y el papel de Morena
La salida de Rocha Moya de la gubernatura, marcada por una serie de licencias intermitentes, refleja una crisis de gobernabilidad que alcanzó los niveles más altos del poder. La intervención de Claudia Sheinbaum, quien en agosto de 2026 sentenció que el mandatario no regresaría a sus funciones, evidenció una ruptura o una estrategia de contención de daños dentro del Partido Morena ante el peso de las acusaciones internacionales. Mientras la Fiscalía General de la República mantiene una investigación que parece estancada, la realidad en Sinaloa es que los ataques contra propiedades de un exgobernador bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado son el síntoma de un Estado donde la soberanía ha sido vulnerada y la justicia brilla por su ausencia.
