La erosión de los controles internos en la Guardia Nacional
La Guardia Nacional, pilar fundamental de la estrategia de seguridad pública, atraviesa una crisis de credibilidad administrativa tras revelarse que al menos 36 de sus integrantes han sido sancionados desde junio de 2026 por presentar certificados de estudios apócrifos o inválidos. Estos documentos, esenciales para acreditar los requisitos de la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas de fuego, han sido el epicentro de una serie de irregularidades que han escalado de suspensiones temporales a destituciones definitivas, evidenciando una falla sistémica en los filtros de control de la institución.
De la suspensión a la destitución: un patrón de irregularidades
El recuento de los hechos, basado en comunicados oficiales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, revela un patrón preocupante. Lo que comenzó en junio con suspensiones de 30 días para elementos de la Jefatura General de Coordinación Policial, se transformó en una purga administrativa. Para agosto, la gravedad de las faltas obligó a la institución a proceder con destituciones directas. De los 36 casos identificados, 23 han culminado en la separación definitiva del cargo, mientras que el resto enfrenta suspensiones. La reciente destitución de 10 personas en las oficinas centrales este octubre subraya que, lejos de ser un problema aislado, la infiltración de documentos falsos en los expedientes de control de confianza es una práctica recurrente que pone en duda la veracidad de los procesos de evaluación.
El desafío de la evaluación y la seguridad nacional
La magnitud de este fenómeno cobra relevancia al contrastarse con las cifras operativas de la corporación. Durante 2025, la Guardia Nacional reportó haber realizado cerca de 20 mil evaluaciones específicas para la Licencia Oficial Colectiva, dentro de un universo de más de 53 mil pruebas de control de confianza. Si bien las autoridades argumentan que los 36 casos representan una proporción menor frente a un estado de fuerza que supera los 121 mil elementos, la recurrencia de estas irregularidades en distintos paquetes administrativos plantea interrogantes críticas: ¿Cómo es posible que documentos sin validez oficial lograran sortear los mecanismos de verificación? La legislación es clara al exigir capacitación y acreditación para el uso de armas, y cualquier fisura en este protocolo no solo es una falta administrativa, sino un riesgo latente para la seguridad pública.
Más allá de los certificados: indisciplina y omisión
La crisis de integridad no se limita a la falsificación de documentos. Los informes de la Secretaría Anticorrupción han documentado conductas que rayan en la negligencia criminal. Elementos suspendidos por trasladarse armados fuera de su base y omitir denunciar agresiones contra civiles, o el uso de vehículos oficiales y armamento de cargo para asistir a eventos privados como carreras de caballos, dibujan un panorama de descomposición disciplinaria. Estos hechos, sumados a las denuncias penales presentadas por la Unidad de Asuntos Internos, sugieren que la Guardia Nacional enfrenta un desafío profundo que va más allá de la simple validación de certificados: se trata de una lucha por recuperar la ética institucional y el respeto a la cadena de mando en una corporación que, por definición, debería ser el ejemplo máximo de legalidad en el país.
