Deslinde institucional ante sanciones del Departamento del Tesoro
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, emitió un posicionamiento oficial este martes para aclarar su situación legal y patrimonial tras las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres Torres. El señalamiento de las autoridades estadounidenses vincula a Torres Torres con “La Mayiza”, una facción del Cártel de Sinaloa, lo que obligó a la administración estatal a fijar una postura pública. En un comunicado de cinco puntos, la mandataria enfatizó que se encuentra legalmente divorciada de Torres Torres y subrayó que el único vínculo que mantienen es el bienestar de su hijo en común. Asimismo, la gobernadora fue enfática al declarar que su nombre no figura en la lista de personas sancionadas por el gobierno estadounidense, desvinculándose de cualquier responsabilidad en las actividades que motivaron la intervención de la OFAC.
Transparencia patrimonial y revisión de contratos estatales
Ante la controversia, Marina del Pilar Ávila reiteró ante la opinión pública que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero, asegurando que la totalidad de su patrimonio se encuentra debidamente declarado ante las autoridades mexicanas. En un esfuerzo por blindar a su administración de posibles conflictos de interés, la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor para que realice una auditoría exhaustiva con el objetivo de verificar si alguna de las empresas señaladas por la OFAC ha mantenido contratos con el Gobierno del Estado de Baja California. Los expedientes resultantes de esta revisión serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se proceda conforme a derecho, dejando claro que el gobierno estatal no intervendrá en defensa de los particulares sancionados.
La postura de Carlos Torres frente a las acusaciones
Por su parte, Carlos Torres Torres negó rotundamente tener cualquier relación con actividades criminales o grupos delictivos. A través de un posicionamiento público, reconoció ser accionista minoritario, con un 30 por ciento de participación, en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., la cual fue identificada por la OFAC. Torres Torres detalló que dicha entidad opera bajo el nombre comercial “Vive Orgánico” y se dedica a la venta de productos orgánicos en Tijuana. El exesposo de la gobernadora anunció que iniciará las gestiones necesarias ante las autoridades estadounidenses para aclarar su situación, atribuyendo los señalamientos a denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025, sobre las cuales, asegura, no ha sido requerido para comparecer hasta el momento.
Enfoque gubernamental y rechazo a la victimización
En declaraciones ante los medios de comunicación, Marina del Pilar calificó los señalamientos como parte de una serie de “infamias, calumnias y mentiras” que ha enfrentado durante los últimos cinco años. La mandataria estatal reafirmó que su administración no actuará como vocera de su exesposo y que los involucrados deberán responder directamente ante las autoridades competentes. Al ser cuestionada sobre la integridad de su gestión, la gobernadora destacó los resultados en materia de seguridad, reportando la detención de aproximadamente 130 objetivos prioritarios y un incremento significativo en el decomiso de armas y sustancias ilícitas. Finalmente, Ávila subrayó que su gobierno mantiene el compromiso de concentrarse exclusivamente en el desarrollo, la seguridad y el bienestar de los bajacalifornianos, desmarcándose por completo de las investigaciones internacionales que afectan a su entorno personal.
