La inseguridad en el estado de Puebla ha dejado un saldo trágico y alarmante durante la última semana de septiembre de 2026. Una ola de secuestros, asesinatos, feminicidios, violencia urbana y la misteriosa muerte de un alto funcionario estatal han evidenciado la extrema vulnerabilidad en la que viven los ciudadanos. Las autoridades estatales, responsables directas de garantizar la seguridad pública, enfrentan severos cuestionamientos ante una ola delictiva que parece incontrolable.
Secuestros y asesinatos: el luto en Tecamachalco y la capital poblana
El 19 de septiembre de 2026, la delincuencia golpeó directamente a las instituciones en Tecamachalco. Mateo Hernández Gutiérrez, un joven de apenas 16 años e hijo del presidente municipal, Mateo Hernández López, fue privado de su libertad. Tras cuatro días de intensa búsqueda y zozobra familiar, el 23 de septiembre, su cuerpo fue localizado sin vida a un costado de la carretera en Nicolás Bravo. La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el caso bajo la línea de secuestro y homicidio. Mientras el alcalde exige “verdad y justicia”, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) anunció un tardío reforzamiento de vigilancia y el blindaje del edil, medidas reactivas que no lograron proteger la vida del menor.
Paralelamente, la comunidad universitaria se vistió de luto. El 22 de septiembre se confirmó el trágico hallazgo de Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien se encontraba desaparecido desde el 5 de septiembre. Su cuerpo fue localizado en el río Alseseca, a la altura de la colonia Lomas de San Miguel. Aunque la FGE determinó como causa de muerte un traumatismo craneofacial compatible con una caída, las circunstancias exactas del caso siguen rodeadas de interrogantes, sumando indignación a la ya lastimada percepción de seguridad ciudadana.
La crisis de feminicidios: los trágicos desenlaces de Alma y Abigail
La violencia de género sigue cobrando la vida de mujeres ante la insuficiencia de las políticas estatales. El 22 de septiembre, Alma González Montiel, maestra de Educación Física de 40 años que había sido reportada como desaparecida desde el 17 de septiembre en Cuautlancingo, fue hallada sin vida en un camino de terracería en Cuautinchán. Su cuerpo presentaba evidentes huellas de violencia, lo que obligó a la FGE a investigar el atroz crimen con estricta perspectiva de género.
Apenas un día después, el 23 de septiembre, la tragedia se repitió en el municipio de Esperanza. Abigail Joseline Pérez Moreno, una joven de 23 años, fue brutalmente asesinada a golpes en su propio domicilio. Su pareja, Emmanuel Juan “N”, de 25 años, fue detenido como el principal sospechoso. Este atroz suceso fue contabilizado por medios locales como el feminicidio número 38 del año en Puebla. Estos casos acentúan la enorme presión sobre las dependencias encargadas de prevenir la violencia contra las mujeres, en un contexto donde organizaciones civiles denuncian que las estrategias de protección de la actual administración son inoperantes.
Violencia urbana, anarquía en el transporte y mercados sin ley
El caos y la inseguridad también han tomado el control de las calles y los centros de comercio. La noche del 25 de septiembre, el terror se apoderó de San Andrés Cholula cuando Norberto, empleado de un puesto de tacos ubicado en plena zona de antros (6 Norte y 14 Oriente), fue ejecutado a balazos por un sicario a bordo de una motocicleta. El ataque directo generó pánico generalizado entre los transeúntes, evidenciando la ineficacia de los patrullajes preventivos.
Por otro lado, la anarquía domina el histórico Mercado El Alto Garibaldi, donde diversos locatarios han denunciado en días recientes enfrentamientos físicos, cobro de piso, extorsiones y despojo de espacios comerciales. A esto se suma la negligencia diaria en el transporte público: el 23 de septiembre, una pasajera de la Ruta 2A perdió varias piezas dentales y su hijo menor resultó lesionado cuando el chofer, al conducir a exceso de velocidad en la colonia Joaquín Colombres, frenó intempestivamente. La Secretaría de Movilidad tuvo que admitir que la unidad operaba de forma irregular y con placas vencidas, desnudando la corrupción y el descontrol en el sector transportista.
Funcionarios sin vida, escándalos políticos y la ausencia de la “transformación”
La turbulenta semana culminó con un suceso que sacudió a las altas esferas del gobierno. La mañana del 25 de septiembre, Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y exfiscal Anticorrupción, fue hallado sin vida dentro de una camioneta en el sótano 3 del CIS Angelópolis. Aunque la FGE indicó que los indicios preliminares apuntan a una muerte autoinfligida, el deceso de un alto funcionario dentro de un recinto oficial genera suspicacias insoslayables que exigen total transparencia institucional.
Mientras Puebla se desangra, la clase política protagoniza penosos escándalos. Recientemente circuló un video donde el alcalde morenista de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, realiza tocamientos inapropiados a una mujer durante las fiestas patrias, un acto de acoso que desató críticas generalizadas. En tanto, en el Congreso local, los legisladores se distraen debatiendo una reforma electoral para adelantar la alternancia de género a la gubernatura de 2030.
La acumulación de estos trágicos y vergonzosos episodios en cuestión de días demuestra de manera contundente que los comunicados oficiales y los discursos triunfalistas no bastan. Para las familias poblanas, la promesa de una verdadera transformación tiene una enorme deuda en materia de justicia y tranquilidad, dejando claro que las instituciones de seguridad se encuentran, hoy más que nunca, rebasadas.
