La controversia por el hallazgo en Zacapu
El reciente reporte sobre el hallazgo de aproximadamente mil 600 piezas dentales infantiles en el municipio de Zacapu, Michoacán, ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional la profunda crisis forense que atraviesa México. Margarita López Pérez, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, ha denunciado que desde 2021 su organización ha recuperado restos de menores en la zona, incluyendo la localización de un crematorio artesanal. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió un comunicado el pasado 24 de septiembre negando tener registro oficial alguno sobre el hallazgo de piezas dentales pertenecientes a menores de edad en dicho municipio. Esta discrepancia entre la labor de los colectivos de búsqueda y la respuesta institucional subraya una problemática persistente: la falta de una base de datos unificada y confiable que permita dar certeza sobre el destino de los restos humanos localizados en el territorio nacional.
Discrepancias entre cifras oficiales y registros periodísticos
La tensión en Zacapu no es un hecho aislado, sino un síntoma de una brecha estadística más amplia documentada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO). En su informe titulado \”Trazar la ausencia, caminar la esperanza\”, la institución analizó la disparidad entre los datos proporcionados por las fiscalías estatales y el monitoreo periodístico realizado entre 2006 y 2024. Mientras que las autoridades reportaron 5,152 fosas clandestinas y 5,718 cuerpos exhumados, el registro basado en notas periodísticas contabilizó 3,516 fosas pero un total de 8,341 cuerpos. Esta diferencia de 2,623 cuerpos más reportados por la prensa que por las instituciones de procuración de justicia evidencia una preocupante falta de transparencia y una posible subestimación sistemática de la magnitud de la crisis humanitaria en el país.
La geografía de la desaparición y el impacto forense
El análisis de la IBERO revela que el fenómeno de las fosas clandestinas no se limita a zonas remotas o despobladas. De acuerdo con el estudio, el 73% de los espacios identificados por medios de comunicación corresponden a predios, inmuebles privados, caminos y zonas de uso cotidiano, tales como parques infantiles, escuelas, mercados y salones de fiesta. Michoacán se posiciona como una de las entidades con mayor incidencia, integrando la lista de los cinco estados con más cuerpos hallados en fosas clandestinas, junto a Jalisco, Guerrero, Sonora y Guanajuato. Esta distribución geográfica demuestra que la violencia y la inhumación clandestina han permeado el tejido social y urbano, complicando aún más las labores de búsqueda y recuperación de los colectivos.
Hacia una política de identificación integral
La crisis forense se agrava ante la existencia de cerca de 83 mil restos humanos que permanecen sin identificar en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. Las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno advierten que la falta de identificación prolonga el sufrimiento de las familias y perpetúa la impunidad. Ante este panorama, el PDH IBERO propone la creación de registros especializados, interoperables y actualizados que garanticen la trazabilidad de los restos desde su recuperación hasta su plena identificación. La urgencia es evidente: mientras que en 2015 se contabilizaban entre 25,000 y 30,000 personas desaparecidas, las cifras actuales superan las 135,000, lo que exige una respuesta estatal coordinada y transparente que supere la actual fragmentación de la información y la desconfianza entre autoridades y buscadores.
