Acusación formal contra estructura criminal
Un gran jurado federal en el Distrito Oeste de Texas ha formalizado una acusación contra 21 personas vinculadas a la organización criminal conocida como La Nueva Familia Michoacana. El pliego acusatorio detalla una serie de delitos graves que incluyen el tráfico transnacional de drogas, contrabando de armas de fuego, lavado de dinero y el tráfico de personas con resultados fatales. Esta acción judicial representa un paso significativo en la estrategia de las autoridades estadounidenses para desarticular las redes operativas de este grupo, el cual fue designado oficialmente como una Organización Terrorista Extranjera el pasado 20 de febrero de 2025.
Alcance de la red delictiva
De acuerdo con los documentos judiciales presentados ante la corte, la estructura criminal es encabezada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como el Pez o Don Gambino, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, identificado como el Fresa o Chino. La acusación sostiene que estos individuos han coordinado una compleja red que extiende sus operaciones desde México hacia territorio estadounidense. Entre los 21 imputados se encuentran ciudadanos mexicanos y estadounidenses, quienes enfrentan cargos por conspiración bajo la ley RICO, además de múltiples delitos relacionados con la importación y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas.
Cargos por terrorismo y tráfico humano
Uno de los aspectos más relevantes de este proceso legal es la inclusión de cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Este enfoque jurídico subraya la intención del Departamento de Justicia de Estados Unidos de tratar a las estructuras de los cárteles mexicanos bajo un marco legal más severo. Asimismo, la acusación detalla delitos específicos de conspiración para el transporte ilegal de personas extranjeras que resultaron en muertes, lo que agrava la situación jurídica de los implicados ante las autoridades federales de Texas.
Declaraciones oficiales
El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, calificó esta acusación como un hito en la colaboración del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Simmons enfatizó que el objetivo primordial de estas acciones es la eliminación total de la capacidad operativa de los cárteles, impidiendo que acumulen arsenales de armas y desmantelando sus rutas de trasiego. La fiscalía ha reiterado que el procesamiento de estos individuos como terroristas es una pieza fundamental de su política de seguridad actual, buscando cortar los flujos financieros y logísticos que permiten la subsistencia de estas organizaciones criminales en ambos lados de la frontera.

