Expulsión de Nancy Nápoles por presunto secuestro falso
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha oficializado la expulsión definitiva de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México. La medida se tomó tras que la edil fuera vinculada a un proceso penal el pasado 9 de julio por presuntamente haber simulado su propio secuestro con el objetivo de encubrir y justificar un desfalco al erario público por un monto estimado en 40 millones de pesos. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del instituto político, que ya había suspendido sus derechos partidarios de manera cautelar, emitió la resolución de expulsión en el marco de las indagatorias judiciales y los procedimientos internos derivados de las graves acusaciones en su contra.
Auditoría del OSFEM revela irregularidades financieras
El detonante de la oleada de protestas se originó en los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de Tenancingo. Los informes técnicos revelaron 163 observaciones que evidencian un manejo opaco y desordenado del presupuesto municipal. Entre las principales anomalías se destacan pagos a supuestos trabajadores que no figuraban en la plantilla autorizada, remuneraciones salariales superiores a los tabuladores oficiales y diversas inconsistencias contables en el ejercicio del gasto público. Además, el informe puso bajo escrutinio el apartado de adquisiciones y contrataciones públicas, señalando dudas sobre la ejecución real de obras públicas y la identidad de las empresas beneficiadas con contratos millonarios.
El auditor jefe, Javier Calzada, advirtió que existen serias dudas sobre la ejecución real de diversas obras públicas, los procesos de adjudicación directa y la identidad de las empresas beneficiadas con contratos millonarios. Los ciudadanos, por su parte, exigen máxima transparencia para conocer con exactitud quiénes recibieron el dinero público, qué trabajos se realizaron efectivamente en las comunidades y que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables del quebranto patrimonial en Tenancingo.
Reacción ciudadana y exigencia de destitución
Paralelamente al revés partidista, el rechazo social contra la gestión de Nancy Nápoles Pacheco continúa escalando en el Estado de México. Integrantes de la agrupación ciudadana Colectivo Tenancingo realizaron una movilización frente a las instalaciones del Congreso del Estado de México, en la ciudad de Toluca, para demandar formalmente la destitución inmediata de la alcaldesa, así como la apertura de una investigación profunda y exhaustiva sobre las presuntas irregularidades financieras, operativas y administrativas cometidas durante su administración. Encabezados por Javier Calzada, representante del colectivo, los manifestantes solicitaron la intervención directa tanto de los diputados locales de la Legislatura mexiquense como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a fin de esclarecer el destino de los recursos municipales y fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
Calzada explicó que, si bien la agrupación está conformada formalmente por más de un centenar de personas, sus reclamos reflejan el hartazgo y el descontento generalizado de miles de habitantes de Tenancingo. Asimismo, denunció que numerosos ciudadanos prefieren no acudir a las protestas públicas por temor a sufrir represalias, intimidaciones o amenazas, situación que ya han padecido quienes se han atrevido a cuestionar abiertamente el actuar de la presidenta municipal. “No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que hagan su trabajo. Su trabajo es rendir cuentas y esclarecer lo que está sucediendo”, sentenció el vocero de los inconformes al reclamar celeridad y compromiso por parte de los representantes populares en el Poder Legislativo estatal.
Medidas institucionales
Con la expulsión de Nancy Nápoles y la sanción de otras dos representantes populares en el sureste del país, la dirigencia nacional de Morena busca marcar distancia frente a funcionarios involucrados en escándalos de corrupción o conductas ilícitas. La CNHJ también resolvió expulsar a Blanca Yaneth Chiu López, expresidenta municipal de Jiquipilas, Chiapas, y a Olivia Espinosa, regidora del municipio de Ocozocoautla, en la misma entidad, quienes enfrentan señalamientos por su presunta participación en delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada. Estas medidas reflejan la intención del partido de reforzar la disciplina interna y la imagen de honestidad ante la ciudadanía.
El caso de Tenancingo pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública, así como la importancia de una respuesta rápida y efectiva por parte de los órganos de fiscalización y los legisladores estatales. La ciudadanía, por su parte, continúa exigiendo una investigación exhaustiva y la aplicación de la ley contra los responsables de los presuntos actos de corrupción, mientras el Estado de México avanza en la búsqueda de una administración pública más responsable y transparente.

