Crisis humanitaria en Chenalhó tras violencia armada
Un grupo de siete familias de origen tsotsil, compuesto por 36 personas, de las cuales 21 son menores de edad, se vio obligado a abandonar su comunidad en Fracción Tzanembolom, municipio de Chenalhó, Chiapas, el pasado 15 de noviembre. Este desplazamiento se produjo tras semanas de confinamiento forzado en sus propios hogares, situación que se agravó tras el asesinato de Bartolo Pérez Gómez, de 46 años, ocurrido el 10 de noviembre. Las familias, que actualmente se encuentran refugiadas en un salón de la presidencia municipal, han denunciado que el homicidio fue una represalia directa por negarse a colaborar con un grupo delictivo que opera en la zona.
Amenazas y reclutamiento forzado
Los testimonios de los desplazados señalan que la violencia en la región se intensificó desde 2022, cuando integrantes de un grupo armado comenzaron a exigir a los pobladores que tomaran las armas, además de imponer cuotas económicas bajo amenazas de muerte. Según los afectados, quienes se negaron a participar en actividades ilícitas o a pagar las extorsiones —que incluían cobros a migrantes que trabajan en Estados Unidos— fueron blanco de persecuciones. La viuda de Bartolo Pérez Gómez relató que su esposo había acudido previamente ante las autoridades para denunciar las amenazas, lo que, lejos de protegerlo, incrementó el riesgo para su familia, quienes se negaron a integrarse a las filas del grupo armado por motivos religiosos y de seguridad.
Omisión institucional
A pesar de que las familias hicieron pública su situación desde el 5 de octubre mediante videos y comunicados, la respuesta de las autoridades ha sido cuestionada por los desplazados. En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó los hechos al calificarlos como conflictos agrarios y asegurar que el problema estaba resuelto. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha informado, en respuesta a solicitudes de información, que no existen carpetas de investigación abiertas por amenazas, extorsión o privación de la libertad en Tzanembolom durante el periodo de 2024 a septiembre de 2026, lo que evidencia una desconexión entre la realidad denunciada por las víctimas y los registros oficiales.
El impacto del desplazamiento y la exigencia de justicia
La situación de las familias es crítica, ya que han perdido sus medios de subsistencia y enfrentan la incertidumbre de un futuro inmediato fuera de sus tierras. El asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, quien acompañaba a las familias en sus gestiones ante el gobierno, ha profundizado el temor entre los desplazados. Actualmente, los afectados permanecen en la cabecera municipal a la espera de una intervención efectiva que garantice su seguridad y el retorno a sus hogares. La exigencia central de los sobrevivientes es que el Estado detenga a los responsables de los homicidios y desarticule a los grupos armados que mantienen el control territorial en la zona, permitiendo así que las familias puedan retomar sus vidas sin la amenaza constante de la violencia.

