Despliegue de fuerzas federales en Uruapan
La noche del viernes, la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, sede habitual de la presidenta municipal Grecia Quiroz, se convirtió en punto focal de un operativo de seguridad. Vehículos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano fueron observados en los alrededores, acompañados por corporaciones estatales. El despliegue, que se inició a pocos días del primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, no contó con una explicación oficial sobre el motivo concreto de la presencia de las fuerzas en la sede del movimiento.
Contexto de violencia y respuesta estatal
Uruapan ha experimentado un incremento en los índices de criminalidad, lo que llevó a la alcaldesa a solicitar apoyo federal. En reuniones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se acordó reforzar la presencia policial y militar en la ciudad. Además de los patrullajes terrestres, se desplegaron helicópteros y unidades de vigilancia aérea, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se comprometieron a establecer un cuartel para la Policía Municipal.
Operativo coincide con la marcha por justicia
El operativo se produce en paralelo con la marcha convocada por Grecia Quiroz para el 1 de noviembre, día en que se conmemora el asesinato de Manzo durante el Festival de las Velas. La manifestación, que busca visibilizar la falta de justicia y denunciar la violencia en Michoacán, incluye la develación de una estatua en honor al exalcalde. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha detenido a 34 personas vinculadas al caso, y se sospecha la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Implicaciones y perspectivas de seguridad
El refuerzo de las fuerzas federales en Uruapan refleja la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar la seguridad durante los actos conmemorativos. Aunque no se ha confirmado una amenaza específica dirigida a la sede del Movimiento del Sombrero, la presencia de militares y policías puede interpretarse como una medida preventiva ante la posibilidad de disturbios o actos de violencia. La coordinación entre autoridades locales y federales será clave para mantener el orden y avanzar en la investigación del homicidio de Carlos Manzo.

