Rechazo diplomático a las pretensiones territoriales de Texas
El Gobierno de México ha emitido una postura oficial contundente frente a las recientes declaraciones de las autoridades de Texas, quienes manifestaron su intención de reclamar como territorio propio nueve islas situadas en el cauce del río Bravo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la soberanía nacional es innegociable y que cualquier modificación en los límites fronterizos entre México y Estados Unidos debe regirse estrictamente por los tratados internacionales vigentes, desestimando las pretensiones de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por Dawn Buckingham, quien había sugerido la posibilidad de realizar inspecciones en dichos islotes bajo el argumento de combatir actividades ilícitas.
El marco jurídico del Tratado de Límites de 1970
La cancillería mexicana fundamentó su rechazo citando el Tratado de Límites de 1970, el instrumento jurídico que define con precisión la frontera entre ambas naciones. Este acuerdo establece que la línea divisoria internacional se sitúa exactamente en el centro del cauce normal del río Bravo. Bajo esta premisa, el Gobierno de México enfatizó que las fronteras no están sujetas a interpretaciones o decisiones unilaterales de gobiernos estatales, sino que responden a criterios técnicos y diplomáticos acordados entre los gobiernos federales de ambos países, los cuales prevalecen sobre cualquier jurisdicción local o estatal.
La autoridad exclusiva de la CILA en la frontera
En su comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores fue enfática al señalar que ninguna autoridad estatal, ya sea de México o de Estados Unidos, posee la facultad legal para determinar o modificar los límites territoriales. La única instancia facultada para interpretar y aplicar el tratado es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Este organismo binacional es el encargado de realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la ubicación exacta de los islotes y asegurar que cualquier intervención en la zona cumpla con los protocolos diplomáticos establecidos, evitando así tensiones innecesarias en la región fronteriza.
Advertencias sobre el flujo natural del río Bravo
Finalmente, el Gobierno de México advirtió sobre las implicaciones legales de cualquier intento de alteración en el cauce del río. El Tratado de 1970 prohíbe de manera tajante la construcción de obras que, a juicio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, puedan desviar u obstruir el flujo natural del afluente. Esta postura busca salvaguardar la integridad del ecosistema y la estabilidad de la frontera, reiterando que cualquier acción que pretenda realizar el estado de Texas sin el aval de las instancias federales y binacionales carece de validez jurídica y contraviene los acuerdos internacionales suscritos por ambos países.

