Contratos bajo la lupa: El historial de Blanca Cruz
La reciente asunción de Blanca Yassahara Cruz García a la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) ha destapado una caja de Pandora administrativa que apunta directamente a su gestión previa al frente del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Puebla. Documentos oficiales revelan que, bajo su mando, el organismo electoral poblano adjudicó un contrato por 129 millones 700 mil 584 pesos a la empresa Comercializadora JVLY S.A. de C.V. Esta firma no es una desconocida para los entes fiscalizadores; de hecho, ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a serias inconsistencias en la comprobación de recursos federales obtenidos mediante adjudicaciones directas del propio INE.
La sombra de las irregularidades federales
El vínculo entre la gestión de Blanca Cruz en Puebla y las observaciones de la ASF es motivo de profunda preocupación institucional. La empresa Comercializadora JVLY, que fue beneficiada con el contrato millonario en marzo de 2024 para la provisión de materiales electorales —como urnas y mamparas para la elección donde resultó electo Alejandro Armenta—, también recibió un contrato federal por 63 millones 241 mil pesos. En este último caso, la auditoría detectó documentación insuficiente, transferencias a terceros sin justificación clara y discrepancias en el registro de personal, lo que pone en entredicho la integridad de los procesos de licitación bajo los cuales operó la proveedora.
Defensa institucional y el escrutinio público
Ante el creciente cuestionamiento sobre su trayectoria, Blanca Cruz ha intentado cerrar filas declarando que no tiene “nada que ocultar” y que su gestión está abierta a cualquier revisión. Sin embargo, la retórica de transparencia choca con la realidad de los hallazgos de la ASF, que exigen una explicación más profunda que la simple apelación a los tiempos legales de fiscalización. La funcionaria, quien presidió el IEE Puebla desde noviembre de 2022, se encuentra ahora en el ojo del huracán, pues su llegada al INE no solo representa un ascenso, sino que traslada las dudas sobre su capacidad de vigilancia y control presupuestario al máximo órgano electoral del país.
El futuro del INE
La permanencia de Blanca Cruz en la presidencia provisional del INE plantea interrogantes críticas sobre la ética en la contratación pública dentro de los organismos autónomos. La coincidencia de que una misma empresa, señalada por irregularidades a nivel federal, haya sido contratada por el IEE Puebla bajo la supervisión de Cruz, sugiere una posible falta de debida diligencia o, en el peor de los escenarios, una red de complicidades que debe ser esclarecida por las autoridades competentes. Mientras el INE enfrenta retos de legitimidad, la sombra de estos contratos millonarios amenaza con erosionar la confianza ciudadana en la nueva administración provisional, exigiendo una rendición de cuentas que vaya más allá de las declaraciones de buena fe.
