Ejecución en Tuxpan: el silencio tras el gatillo
La noche del pasado sábado 24 de octubre, la violencia en Veracruz alcanzó un nuevo nivel de impunidad con el asesinato de Santiago Vali Castillo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Todas sus Formas (SITRAC RM). El ataque ocurrió en el interior del restaurante Wings Army, ubicado en la carretera a la Barra Norte de Tuxpan, donde un sujeto armado irrumpió para disparar a corta distancia contra el líder sindical antes de darse a la fuga. Este suceso no solo representa una tragedia personal, sino que pone de relieve la vulnerabilidad de los liderazgos gremiales frente a la delincuencia organizada y la ineficacia de los protocolos de protección en una región marcada por la disputa de intereses económicos.
Antecedentes de hostigamiento y omisiones oficiales
Resulta alarmante que el homicidio de Santiago Vali Castillo no ocurra en un vacío, sino tras una serie de denuncias públicas que el dirigente realizó desde 2025. En aquel entonces, Vali Castillo expuso amenazas directas y actos de hostigamiento contra su persona, su familia y los integrantes de su sindicato. El origen de estas intimidaciones, según el propio dirigente, radicaba en una feroz disputa por contratos y fuentes de empleo en obras de infraestructura clave, específicamente en el Polo de Desarrollo y la empresa Gas de Calidad. La falta de medidas cautelares efectivas tras estas denuncias plantea interrogantes críticas sobre la actuación de las autoridades locales y su capacidad para prevenir una tragedia que ya había sido anunciada.
Coincidencias temporales y el paro nacional
El asesinato se consumó apenas unas horas antes del paro nacional de transportistas programado para este lunes 26 de octubre, una movilización convocada para exigir seguridad en las carreteras y mejores condiciones laborales. Aunque las autoridades han evitado establecer una conexión directa entre el crimen y la jornada de protesta, la sincronía de los eventos es, cuando menos, sospechosa. En Veracruz, el sector transportista ha planeado movilizaciones en al menos 12 puntos estratégicos, incluyendo Xalapa, Perote, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos, lo que añade una capa de tensión política a un clima de inseguridad que parece desbordar a las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
La opacidad en la investigación ministerial
A pesar de la movilización de las corporaciones policiales y el acordonamiento de la escena del crimen, la Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene un hermetismo preocupante. Hasta el momento, no se ha señalado a ningún responsable ni se ha clarificado el móvil del homicidio, dejando el caso en una nebulosa de incertidumbre. La necropsia de ley realizada en el Servicio Médico Forense es solo el primer paso de un proceso que, a juzgar por los antecedentes de impunidad en la entidad, enfrenta el riesgo de convertirse en un expediente más sin resolución. La sociedad civil y el gremio transportista exigen respuestas claras ante un acto que, por sus características, parece ser un mensaje de control territorial y poder fáctico.
