Captura del juzgador en la capital poblana
Agentes de la Fiscalía de Puebla llevaron a cabo la detención del juez Enrique Romero Razo durante un operativo realizado este martes en un inmueble ubicado en la colonia El Ángel, en la capital del estado. La aprehensión del funcionario judicial, quien cuenta con una trayectoria de aproximadamente 30 años en el Poder Judicial de Puebla, responde a una investigación en curso por presuntos delitos cometidos en la procuración y administración de justicia, así como por evasión de reos. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han emitido un comunicado detallado sobre la situación jurídica específica del imputado, quien permanece bajo resguardo de las instancias correspondientes mientras se desahogan las diligencias legales.
Antecedentes vinculados al caso Karla López Albert
El nombre de Enrique Romero Razo cobró relevancia pública en mayo de 2026, tras una controversia judicial relacionada con Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert. En aquel periodo, se autorizó una modificación en las condiciones de reclusión del sentenciado, permitiendo que continuara su proceso bajo vigilancia electrónica en un domicilio particular. Esta resolución generó una fuerte indignación social y el cuestionamiento de colectivos, lo que derivó en la intervención del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, organismo que frenó la liberación del sentenciado antes de que esta pudiera concretarse.
Defensa y controversias administrativas
Ante los señalamientos, el juez Romero Razo sostuvo en diversas declaraciones que no intervino directamente en la resolución que favorecía a Forcelledo Nader. El juzgador argumentó que, al momento de la audiencia, se encontraba ausente por motivos médicos y que la diligencia había quedado bajo la responsabilidad de una secretaria de acuerdos. Asimismo, el funcionario recordó que él mismo fue quien dictó la sentencia condenatoria original contra el feminicida. Paralelamente a este proceso penal, el juez mantenía un conflicto administrativo derivado de su cambio de adscripción del juzgado de San Pedro Cholula a Ciudad Serdán, situación que había sido impugnada mediante un amparo federal que le permitía, en teoría, retomar sus funciones previas.
Investigación y supervisión extraordinaria
Tras el escándalo mediático y social, el Consejo de la Judicatura inició una visita de supervisión extraordinaria en el Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, encabezada por el presidente del organismo, Pedro Antonio Martínez, junto a los consejeros Araceli Cabido Vaillard y Amadeo Fuentes Añorve. Durante dicha inspección, se habrían detectado diversas irregularidades, entre las que destaca la falta de notificación a la madre de la víctima sobre la audiencia donde se discutió el cambio de medida cautelar. La detención actual marca un punto crítico en la investigación, la cual busca esclarecer si existieron actos de cohecho o colusión en el actuar de los funcionarios judiciales involucrados en el caso.
