Denuncia sobre infiltración política de grupos delictivos
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha emitido una advertencia contundente respecto a la posible incursión de integrantes del denominado “Cártel del Despojo” en la contienda electoral de 2027. Durante una conferencia de prensa el mandatario estatal confirmó la existencia de redes delictivas dedicadas a la apropiación ilícita de patrimonio inmobiliario en la entidad, señalando que estos grupos ahora buscan obtener cargos de elección popular para blindar sus actividades o ampliar sus esferas de influencia. Ante este escenario, el Ejecutivo estatal ha instruido a la Consejería Jurídica para que prepare las denuncias formales correspondientes, las cuales, según afirmó, estarán sustentadas en pruebas sólidas para evitar que los presuntos responsables accedan a espacios de representación pública.
Modus operandi y complicidades institucionales
De acuerdo con las investigaciones del gobierno estatal, el esquema de operación de este grupo delictivo se basa en el aprovechamiento de redes de poder que involucran a diversos actores del sistema legal y administrativo. El gobernador detalló que el despojo de propiedades a familias poblanas se facilita mediante la presunta complicidad de abogados, notarios, jueces y personal adscrito al Registro Público de la Propiedad y Catastro. Esta estructura de “cuello blanco” ha sido objeto de vigilancia desde 2025, año en el que se detectó la infiltración de grupos con recursos y vínculos nacionales dentro del Poder Judicial, lo que ha complicado las labores de limpieza institucional emprendidas por la actual administración.
Acciones legislativas y combate al fraude
Como respuesta a esta problemática, el Congreso de Puebla aprobó el pasado 15 de marzo reformas significativas al Código Penal estatal, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes participen en el despojo inmobiliario. La nueva legislación establece penas que oscilan entre los seis y 12 años de prisión, las cuales pueden elevarse de siete a 15 años para los autores intelectuales. En casos donde el ilícito se ejecute con fines comerciales o de fraccionamiento irregular, las penas pueden alcanzar hasta los 20 años de cárcel. Estas medidas se suman a las acciones administrativas, como la revisión de al menos 10 notarías con irregularidades detectadas en diciembre de 2025 y la detención, en agosto de 2026, de un individuo identificado como José Manuel, quien operaba bajo la suplantación de funciones notariales.
Desafíos en la erradicación de redes de corrupción
El mandatario estatal comparó la complejidad de desmantelar estas estructuras con la reparación de una red de tuberías dañada, donde la eliminación de un foco de corrupción suele derivar en la aparición de otro. Además del “Cártel del Despojo”, Armenta ha denunciado anteriormente la existencia de un “Cártel de laudos”, cuyos integrantes manipulan procedimientos laborales para exigir pagos indebidos al erario estatal. El gobernador enfatizó que, a pesar de los obstáculos y la resistencia de estos grupos con alto poder económico, su administración mantendrá la estrategia de combate legal para garantizar la integridad de las instituciones y evitar que los intereses de estos grupos delictivos se vean representados en la vida política del estado durante el próximo ciclo electoral.
