El polémico giro hacia el fracturamiento hidráulico
En un movimiento que marca una ruptura significativa con la retórica ambientalista de la administración anterior, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado luz verde a la realización de pruebas piloto para la extracción de gas natural mediante la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida como fracking. La revelación fue hecha por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Este anuncio coloca a la actual gestión en una posición de vulnerabilidad política, al retomar una práctica que fue explícitamente rechazada y prohibida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, generando interrogantes sobre la coherencia de la política climática de la Cuarta Transformación.
Condicionantes técnicos y el laberinto regulatorio
Aunque la funcionaria intentó matizar la decisión al señalar que el país aún no está en condiciones de implementar el desarrollo masivo de esta técnica, confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum autorizó al grupo de expertos técnicos del Gobierno Federal a proceder con pruebas piloto. Bárcena fue enfática al subrayar que, antes de cualquier incursión, es imperativo actualizar el marco normativo que rige a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de establecer nuevas directrices para la construcción de pozos no convencionales y el tratamiento de aguas salinas. Este proceso regulatorio, lejos de ser un mero trámite, expone la fragilidad institucional para supervisar una actividad de alto riesgo ambiental.
Limitaciones geográficas y riesgos ambientales
El grupo de expertos designado por el Ejecutivo ha determinado que, de ser viable, el fracking solo podría ejecutarse en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, al noreste del país. Ante la presión de los legisladores, la titular de Semarnat enumeró una serie de recomendaciones restrictivas, tales como la prohibición de utilizar agua para consumo humano o agrícola, la exigencia de un monitoreo sísmico permanente y la restricción de químicos tóxicos. No obstante, la viabilidad de estas medidas de mitigación es cuestionada por especialistas, quienes advierten sobre la dificultad de garantizar la preservación de acuíferos y ecosistemas en una zona donde la escasez hídrica ya es una crisis latente.
La urgencia de la soberanía energética frente al déficit
El trasfondo de esta decisión radica en la profunda dependencia energética de México, que importa el 62.9 por ciento del gas natural que consume, principalmente desde Texas. Con una producción de Pemex que ha caído un 16 por ciento entre 2018 y 2025, el gobierno se encuentra contra la pared. La Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, presentada en 2026, parece haber priorizado la necesidad de reducir la brecha de importaciones sobre los compromisos de sostenibilidad. Con un presupuesto para exploración y producción que, aunque aumentó para 2026, sigue siendo insuficiente frente a las expectativas de extracción, el gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta por el fracking como una salida desesperada, arriesgando su capital político y el equilibrio ecológico en aras de una autosuficiencia que, hasta ahora, se mantiene como una promesa técnica de difícil cumplimiento.
