La piedra de la polémica: un acto protocolario que desató cuestionamientos
El 2 de octubre, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial junto al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. El acto, que se presentó como un simple protocolo, fue rápidamente cuestionado por la presidenta del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, quien exigió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hubiera sido notificada y que el proyecto cumpliera con los canales institucionales. La controversia se intensificó cuando se reveló que, aunque el gobierno estatal había enviado un oficio a la SRE el 25 de septiembre, no se había informado al Gabinete de Seguridad Federal ni al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).
La SRE y la Ley de Seguridad Nacional: ¿un vacío de coordinación?
La SRE sostiene que cualquier iniciativa de capacitación o cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe contar con el aval del GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. Según la Cancillería, la academia constituye un proyecto de cooperación internacional y, por tanto, debe someterse a la aprobación previa del GANSEG. Sin embargo, el gobierno de Querétaro aseguró que la visita de Johnson no implicaba la creación de mecanismos directos de cooperación, calificándola como un acto protocolario sin efectos de seguridad. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la aplicación práctica de la Ley de Seguridad Nacional y la transparencia en la coordinación entre los niveles federal y estatal.
El hecho de que el evento contó con la presencia de representantes de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, pero que el comunicado oficial omitió a las instituciones federales, añade una capa de sospecha sobre la gestión de la información y la posible falta de coordinación entre los distintos organismos de seguridad.
El papel de la academia en la lucha contra el crimen: promesas y realidades
La academia, que se ubicará en el complejo Rhino y contará con una inversión superior a 30 millones de pesos, tiene como objetivo capacitar a autoridades en la detección e interceptación de drogas, armas y contrabando. Según la Embajada de Estados Unidos, el país ha invertido más de 10 millones de dólares en capacitación y equipamiento en Querétaro durante la última década, formando a 4,732 participantes, entre ellos 1,714 integrantes de la Fiscalía del Estado. La cooperación incluye laboratorios forenses, unidades caninas y tecnología de punta.
El embajador Johnson destacó la necesidad de una colaboración sólida entre México y Estados Unidos para enfrentar a los cárteles y grupos terroristas, subrayando que la nueva academia es un paso importante en esa dirección. No obstante, la falta de aprobación del GANSEG y la ausencia de coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal generan dudas sobre la legalidad y la efectividad de la iniciativa.
Repercusiones políticas y la necesidad de transparencia institucional
La disputa entre el gobierno estatal y la SRE ha sacudido el panorama político de Querétaro y ha puesto de relieve la fragilidad de los mecanismos de supervisión y coordinación entre los niveles federal y estatal. La presidenta Sheinbaum ha señalado que cualquier agencia estadounidense que busque capacitar en México debe pasar por la SRE y cumplir con la Ley de Seguridad Nacional, pero la falta de respuesta clara por parte del gobierno de Querétaro deja abierta la pregunta de si se están cumpliendo los requisitos legales.
La controversia también plantea interrogantes sobre la posible influencia de intereses privados y la transparencia en la asignación de recursos públicos. La academia, descrita como “única en su tipo en América Latina”, representa una inversión significativa que debe ser justificada ante la ciudadanía y los organismos de control. La falta de claridad sobre la aprobación del GANSEG y la coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal podrían socavar la confianza en la gestión pública y abrir la puerta a cuestionamientos sobre la integridad de los procesos de cooperación internacional.
