Revisión integral en el penal de San Miguel
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el vicealmirante Francisco Sánchez González, anunció que el Gobierno estatal llevará a cabo una revisión exhaustiva en el segmento W del Centro de Reinserción Social de San Miguel. Esta medida surge tras los señalamientos realizados por la activista Saskia Niño de Rivera, quien denunció presuntas condiciones y tratos inhumanos al interior de dicha área. El funcionario estatal precisó que la inspección se realizará en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos para identificar y corregir cualquier irregularidad que pudiera contravenir los protocolos de habitabilidad y respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
Transparencia y acceso a instalaciones
Durante una conferencia de prensa, Sánchez González aclaró que la activista contó con autorización oficial para ingresar al penal en noviembre de 2025, con el objetivo de realizar un reportaje. El secretario enfatizó que la administración estatal no tiene intención de ocultar información sobre el funcionamiento del centro penitenciario, razón por la cual se brindaron las facilidades necesarias para el acceso. No obstante, precisó que la visita fue supervisada por personal de seguridad, restringiendo el paso a zonas donde se encuentran internos clasificados como de alta peligrosidad o que representan un riesgo constante para la estabilidad del penal.
Gestión de traslados ante la Federación
Uno de los puntos centrales de la estrategia de seguridad estatal es la despresurización de los penales locales mediante el traslado de internos de alta peligrosidad a centros federales. El vicealmirante informó que solicitará formalmente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, la reubicación de al menos 10 personas privadas de la libertad identificadas como objetivos prioritarios. Esta petición, que ya había sido planteada anteriormente, busca fortalecer la gobernabilidad dentro de las cárceles poblanas, aprovechando el ofrecimiento de colaboración por parte de las autoridades federales recibido recientemente.
Inversión en infraestructura y seguridad
Como parte de las acciones para modernizar el sistema penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública ha puesto en marcha procesos de licitación para la adquisición de cámaras de vigilancia de alta resolución e inhibidores de señal. Estas herramientas tecnológicas forman parte del plan de mejoras para el ejercicio 2026, con el fin de blindar la seguridad interna y evitar actividades ilícitas desde el interior de los centros. Asimismo, el titular de la dependencia informó que, de las 32 observaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el presente año, 23 ya han sido solventadas, mientras que las nueve restantes se encuentran en proceso de atención inmediata.

