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ASF investiga red de empresas y posibles factureras en el INE y OPLEs

Reportero
Por Reportero
Publicado el 31 de octubre de 2026
⏱️ 3 min de lectura
ASF investiga red de empresas y posibles factureras en el INE y OPLEs
ASF investiga red de empresas y posibles factureras en el INE y OPLEs

La sombra de la corrupción sobre el sistema electoral

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destapado una trama de presuntas irregularidades que pone en entredicho la integridad financiera del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Durante la presentación de la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló la existencia de operaciones sospechosas que ascienden a 8 mil 870.3 millones de pesos, concentradas en apenas dos grupos empresariales durante el periodo 2014-2026. Este hallazgo no solo cuestiona la eficiencia administrativa de los órganos electorales, sino que sugiere una estructura de colusión que ha operado bajo el amparo de la opacidad institucional durante más de una década.

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Esquemas de simulación y empresas fantasma

El análisis técnico de la ASF ha identificado patrones alarmantes que apuntan a una posible red de defraudación. Se detectaron empresas que, a pesar de facturar cientos de millones de pesos, carecen de una plantilla laboral real, operando con menos de cinco empleados o, en casos extremos, sin personal registrado. Más grave aún es la revelación de operaciones por 21.3 millones de pesos vinculadas a proveedores que interactuaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por su historial como empresas factureras. Esta modalidad de subcontratación entre empresas que participaban en los mismos concursos públicos sugiere una simulación deliberada para manipular licitaciones y eliminar la competencia leal.

La ofensiva contra la opacidad en los estados

Ante la magnitud del desfalco potencial, la ASF ha iniciado una ofensiva sin precedentes al enviar 32 oficios a los gobiernos estatales para auditar la transferencia de participaciones federales del Ramo 28 hacia los organismos electorales locales. La intención es realizar un estudio pormenorizado que abarque desde el año 2000 hasta la fecha, una medida que busca desmantelar posibles redes de influencia que han permeado la administración pública local. El auditor ha sido enfático: se revisará el 100 por ciento del gasto del INE, abandonando el modelo de auditorías por muestreo que, históricamente, permitió que grandes volúmenes de recursos públicos quedaran fuera del escrutinio ciudadano.

Conflictos de interés y el futuro de la fiscalización

La investigación no se limita a los contratos, sino que se extiende a los vínculos entre proveedores privados y servidores públicos. La ASF ha implementado un esquema de inteligencia para rastrear nexos que pudieran derivar en tráfico de influencias o conflictos de interés en la designación de recursos. Aunque el auditor evitó señalar nombres específicos para no vulnerar el debido proceso, la apertura de esta investigación de oficio marca un cambio de paradigma en la fiscalización mexicana. La pregunta que queda en el aire es si estas instituciones, encargadas de velar por la democracia, han sido capturadas por intereses corporativos que utilizan el presupuesto público para financiar estructuras de poder ajenas a la función electoral.

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Equipo de redacción de Dominio Puebla.

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