Un discurso que se derrumbó en lágrimas
El miércoles 28 de octubre, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se desmoronó en la conferencia de prensa del gobierno de Baja California Sur, al ser cuestionado sobre el salario mensual de su hija, Marcela Castro López, funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con dos episodios de llanto, el mandatario intentó explicar que su hija gana 156 855 pesos brutos al mes, cifra que supera los 106 799 pesos brutos que él percibe, y afirmó que la designación no dependía de su cargo. La escena, captada por la prensa, generó un debate sobre la posible existencia de nepotismo y la transparencia en la administración pública del estado.
El salario de la funcionaria y la respuesta del gobernador
Marcela Castro López ocupa el puesto de coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS, con un sueldo neto estimado de 109 014 pesos según el portal Nómina Transparente. Castro Cosío, por su parte, recibe 106 799 pesos brutos mensuales, según la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que implica una diferencia de 50 056 pesos. Cuando un periodista le preguntó si la diferencia salarial era producto de su intervención, el gobernador respondió: “Pues sí, ella gana más que yo. Bueno, la que no sabía era su mamá, pero yo sí sabía el sueldo, ¿y qué?”. Afirmó que los perfiles son elegidos por el Seguro Social y no por él, y que su hija había ingresado al instituto antes de que él asumiera la gubernatura, lo que contradice la ficha curricular publicada por el IMSS que indica que comenzó en febrero de 2019, cuando Castro Cosío ya era delegado federal de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur.
El gobernador también negó que su hija gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, calificando la afirmación de que la funcionaria percibe un millón 533 mil 51 pesos en 2025 como una “mentira fabulosa”. En la misma conferencia, reconoció que tiene familiares en el gobierno estatal: dos sobrinos y un yerno, todos con trayectorias previas en la administración pública, y aseguró que ninguno fue contratado directamente por él.
Investigación y denuncias de nepotismo
Las declaraciones del gobernador surgen en el contexto de una denuncia presentada el 9 de julio de 2025 ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de BCS, que acusa a Castro Cosío y a su esposa de posibles actos de nepotismo. El expediente, registrado como CG/EPRA/178/2025, está en etapa de investigación. El artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el nepotismo como la utilización de atribuciones públicas para designar o intervenir en la contratación de familiares. La existencia de parentesco no implica automáticamente una conducta irregular, pero sí justifica una investigación exhaustiva.
En su respuesta, el gobernador pidió a la Contraloría que haga públicos los expedientes de los funcionarios denunciados “uno por uno”, y reiteró que su gobierno no ha incurrido en prácticas de nepotismo. La controversia, sin embargo, ha puesto en relieve la necesidad de una mayor transparencia y de mecanismos claros para evitar conflictos de interés en la administración estatal.
Repercusiones políticas y la mirada pública
El episodio ha generado un debate intenso en las redes sociales y en la prensa local. Los críticos señalan que la diferencia salarial, aunque modesta, puede percibirse como un indicio de favoritismo, especialmente cuando la figura del gobernador se ve envuelta en una investigación de nepotismo. Por otro lado, defensores del mandatario argumentan que la contratación de Marcela Castro López se realizó de manera independiente y que la cifra de su salario se alinea con las normativas del IMSS.
La respuesta de Castro Cosío, combinada con la denuncia en curso, plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos de selección en el sector público y la percepción de la ciudadanía sobre la equidad y la rendición de cuentas. La situación también pone de relieve la importancia de la transparencia en la administración pública, especialmente en un contexto donde la confianza en los funcionarios públicos se ve cada vez más erosionada.
