La narrativa oficial frente a la realidad recaudatoria
El Senado de la República ha dado luz verde en lo general a la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, un movimiento que pone en entredicho la promesa recurrente del gobierno de la Cuarta Transformación sobre la ausencia de nuevos impuestos. Con 79 votos a favor y 34 en contra, la mayoría oficialista, encabezada por el Partido Morena, ha validado un esquema que, bajo el eufemismo de “ajustes por servicios”, impone incrementos significativos en áreas estratégicas. Mientras el discurso político insiste en la austeridad y la no creación de gravámenes, la realidad legislativa revela una estrategia de recaudación agresiva que impacta directamente en la operatividad de sectores clave y en el bolsillo de los ciudadanos, evidenciando una contradicción estructural entre la retórica de campaña y la práctica hacendaria.
Ajustes que golpean la operatividad y la salud
El dictamen aprobado no es una simple actualización administrativa; es una reconfiguración de los costos de acceso a servicios federales. Los incrementos son notables: la navegación aérea sufrirá un alza del 10%, mientras que el transporte ferroviario verá un aumento en la carga impositiva sobre ingresos brutos. Sin embargo, el golpe más severo se observa en el sector salud, donde la Cofepris aplicará aumentos desproporcionados. La licencia para servicios de transfusión sanguínea, por ejemplo, escalará de 1,482 a 17,349.70 pesos, y la autorización de protocolos de investigación médica alcanzará los 43,209 pesos. Estas cifras plantean una interrogante urgente: ¿cómo afectarán estos costos a la investigación científica y a la disponibilidad de servicios médicos básicos en un sistema de salud que ya enfrenta crisis de suministro?
Excepciones fiscales: ¿beneficio sectorial o discrecionalidad?
En un giro inesperado durante la sesión, Morena anticipó una reserva para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), buscando otorgar excepciones fiscales a la industria automotriz y al sector gasolinero. La justificación oficial, centrada en la estabilidad de precios y la competitividad, esconde una realidad política más compleja: la creación de regímenes de excepción para sectores específicos. Al intentar incluir a empresas bajo el régimen de depósito fiscal y a comercializadores de hidrocarburos en el artículo 78-E, el oficialismo abre la puerta a una mayor discrecionalidad fiscal. Esta maniobra no solo obliga a que el dictamen regrese a la Cámara de Diputados para su revisión, sino que expone la fragilidad de una política fiscal que parece diseñarse sobre la marcha, atendiendo a presiones sectoriales en lugar de seguir una estrategia económica integral.
El costo político de la ambigüedad legislativa
La oposición ha cuestionado duramente la disparidad entre el discurso de “no nuevos impuestos” y la realidad de los incrementos en trámites migratorios y servicios públicos. La estrategia de Morena, al intentar integrar cambios en la Ley del ISR dentro de un paquete de derechos, refleja una urgencia recaudatoria que choca con sus propias promesas de campaña. Mientras el gobierno intenta equilibrar el presupuesto con una meta de 177,185.9 millones de pesos, la ciudadanía y los sectores productivos quedan atrapados en un proceso legislativo opaco. La pregunta que persiste es si estas medidas son realmente necesarias para la estabilidad nacional o si son el resultado de una gestión fiscal que, ante la falta de una reforma tributaria profunda, opta por exprimir los servicios existentes para cubrir los huecos financieros de la administración federal.
