El recorte fiscal como detonante del paro de transportistas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó el paro nacional de transportistas, convocado para el lunes 26 de octubre, a la reducción del límite de ingresos que permite la doble deducción del pago de peajes. El ajuste, que baja el umbral de 300 a 250 millones de pesos, afecta a 170 de las 2,580 empresas que utilizan el esquema, según explicó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. La mandatario aseguró que el cambio no impacta la canasta básica ni la operación del autotransporte de carga, y que la mayoría de los contribuyentes, incluidos los que tributan como hombre camión, mantendrán el beneficio sin alteraciones.
Reacciones del sector y la percepción de la seguridad
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y sus delegados, como Enrique Rodríguez González, señalaron que la movilización se limita a un sector pequeño del gremio y que no bloquearán la circulación. Sin embargo, el sector ha denunciado un déficit de 100 mil operadores, atribuible en parte a la violencia que enfrentan en las carreteras. En la zona de Esperanza, la reducción de asaltos tras el operativo Enjambre del pasado 7 de septiembre ha sido vista como un avance, pero la percepción de inseguridad persiste.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta afirmó que la seguridad carretera se atiende en reuniones permanentes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. A pesar de ello, la narrativa oficial minimiza la magnitud de las demandas de seguridad, calificándolas de “un sector muy pequeño” y centrando la atención en el ajuste fiscal.
Diálogo y negociaciones en curso
El gobierno ha abierto la puerta a los representantes del autotransporte para reunirse el lunes a las 11:00 horas con la Secretaría de Hacienda. La reunión tiene como objetivo escuchar las demandas del sector y buscar acuerdos que permitan atender las inconformidades. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ha informado que la mayoría de las organizaciones de autotransporte no participarán en el paro, lo que sugiere un diálogo interno que busca evitar un conflicto mayor.
Implicaciones políticas y la pregunta de la seguridad
La minimización de los reclamos de seguridad plantea interrogantes sobre la prioridad que el gobierno le da a la protección de los transportistas frente a los incentivos fiscales. Si bien la reducción del beneficio fiscal se presenta como una medida de recaudación, la falta de respuesta contundente a las demandas de seguridad puede socavar la confianza del sector y generar tensiones que trasciendan el ámbito económico. La cobertura de la prensa y la narrativa oficial sugieren una estrategia de gestión de crisis que prioriza la imagen de estabilidad fiscal sobre la urgencia de garantizar la seguridad en las carreteras.
