Irregularidades en la estructura operativa del INE
La estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra bajo escrutinio tras revelarse que el personal asignado a la oficina de la presidenta, Guadalupe Taddei, opera bajo esquemas que contravienen las funciones estipuladas en los tabuladores oficiales. El caso más reciente involucra a Luis Alberto Bustamante Canizales, originario de Ures, Sonora, quien figura en la nómina del organismo con el cargo de “Líder de Proyecto”. A pesar de esta denominación técnica, que conlleva una remuneración mensual cercana a los 70 mil pesos, Bustamante desempeña funciones de conductor personal y, según fuentes internas, también se encarga de la preparación de alimentos para la consejera presidenta.
El contraste entre la nómina y la realidad operativa
La situación de Bustamante, quien acompañó a Taddei desde su gestión en el organismo electoral de Sonora bajo el puesto de “Analista administrativo”, evidencia una disparidad entre las funciones reales y las registradas. El personal ha sido captado operando vehículos blindados que, según declaraciones de la propia presidenta, fueron proporcionados por terceros bajo la modalidad de préstamo, ajenos a la flotilla oficial del Instituto Nacional Electoral. Esta práctica ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos y la gestión de la seguridad institucional, especialmente al comparar estos perfiles con el resto de la estructura del organismo.
El caso del chofer fantasma y proveedores
Paralelamente, la investigación ha puesto el foco sobre Jonathan Navarrete Torres, quien aparece oficialmente en el registro del INE como el chofer asignado a la presidencia, con un nivel salarial LC4, equivalente a un Jefe de Departamento. Sin embargo, Navarrete ha sido calificado como un “chofer fantasma”, debido a que su presencia es nula tanto en las oficinas centrales como en el volante de los vehículos de la titular. Más grave aún es su vinculación con el sector privado: Navarrete figura en el Registro Público de Comercio como apoderado para “pleitos y cobranzas” de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del INE que actualmente es objeto de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos actos de corrupción.
Desequilibrios en la gestión de recursos humanos
El análisis del directorio del INE revela que el organismo cuenta con una plantilla de 211 choferes distribuidos en oficinas centrales y delegaciones. Mientras que otros cuatro consejeros electorales tienen registrados a sus conductores con sueldos que oscilan entre los 31 mil y 39 mil pesos mensuales, los colaboradores cercanos a Guadalupe Taddei perciben remuneraciones significativamente superiores bajo cargos que no corresponden a la naturaleza de sus actividades. Esta disparidad, sumada a la falta de claridad sobre la procedencia de los vehículos y los conflictos de interés de los empleados, plantea serias interrogantes sobre la gobernanza interna y el cumplimiento de las normas de austeridad y transparencia que rigen al Instituto Nacional Electoral.
