La promesa de indemnización: ¿Viabilidad o estrategia política?
La reciente propuesta del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Puebla, que busca obligar al Estado y a los municipios a indemnizar a las víctimas de robo de autopartes, ha encendido las alarmas sobre la viabilidad presupuestal y la intención política detrás de la medida. Bajo el argumento de que la falta de patrullaje o la inoperancia de cámaras de videovigilancia constituyen una “actividad administrativa irregular”, el legislador Jaime Natale Uranga pretende trasladar la responsabilidad de la seguridad pública al erario, convirtiendo al Estado en un seguro contra el crimen. Sin embargo, analistas cuestionan si esta iniciativa no es más que una propuesta populista diseñada para capitalizar el descontento social ante la inseguridad, justo cuando los tiempos electorales comienzan a presionar la agenda legislativa.
El laberinto burocrático para la reparación del daño
La iniciativa plantea un esquema de compensación que, en teoría, suena atractivo para el ciudadano afectado por la sustracción de llantas, rines o espejos. No obstante, los requisitos impuestos para acceder a esta reparación —acreditar la propiedad, presentar denuncia ante la Fiscalía de Puebla y, lo más complejo, demostrar la “omisión administrativa” de la autoridad— parecen diseñados para ser un filtro infranqueable. La carga de la prueba recae sobre el ciudadano, quien deberá litigar contra el Estado para demostrar que la falta de alumbrado o la ausencia de vigilancia fueron la causa directa del delito. Esta estructura plantea una interrogante fundamental: ¿está el gobierno poblano realmente dispuesto a pagar por sus fallas, o es una ley destinada a quedar en el papel como un gesto demagógico?
Endurecimiento penal y el riesgo de la sobrecriminalización
Más allá de la indemnización, el paquete de reformas busca incrementar hasta en un 50 por ciento las penas por robo de autopartes y suspender derechos civiles, incluyendo la patria potestad, a los infractores. Este enfoque punitivo, característico de las propuestas electorales de corte populista, ignora las causas estructurales de la delincuencia y se centra en el espectáculo del castigo. La creación de un Registro Estatal de Establecimientos para la compraventa de autopartes, aunque necesaria para regular el mercado negro, se suma a una larga lista de padrones gubernamentales que, históricamente, han carecido de mecanismos de fiscalización efectivos, dejando la puerta abierta a la corrupción y a la discrecionalidad administrativa.
Interrogantes abiertas ante la crisis de seguridad
Con más de mil denuncias registradas por la Fiscalía de Puebla en lo que va del año, la crisis de seguridad es innegable. Sin embargo, la respuesta del Partido Verde parece ignorar la realidad financiera de los municipios, muchos de los cuales ya enfrentan déficits presupuestales. La obligación de crear un fondo para indemnizaciones en un plazo de 90 días hábiles plantea un escenario de inviabilidad técnica. Mientras el discurso político se enfoca en promesas de compensación y castigos ejemplares, la ciudadanía sigue esperando una estrategia integral que ataque la raíz del mercado ilícito y garantice, de manera preventiva, la seguridad en las calles, en lugar de convertir la ineficiencia gubernamental en un trámite de reclamación patrimonial.
