Plazo administrativo para la institución militarizada
La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla ha otorgado una última oportunidad a la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) para intentar revertir su situación legal y administrativa. Manuel Viveros Narciso, titular de la dependencia estatal, informó que el director y propietario de la institución, Daniel Guzmán López, cuenta con un periodo de diez días naturales, contados a partir del 2 de octubre de 2026, para presentar las pruebas y alegatos necesarios que justifiquen la continuidad de sus servicios educativos en el nivel primaria. Esta medida surge tras la clausura preventiva impuesta por las autoridades educativas el pasado mes de septiembre, en un contexto de creciente presión por regular este modelo de enseñanza.
Contexto federal y el futuro de la academia
La decisión de la Secretaría de Educación Pública en Puebla se enmarca en una directriz de carácter nacional que busca la reestructuración o cierre de las instituciones de corte militarizado en el país. Este cambio de política pública fue impulsado tras el fallecimiento de una estudiante en un campamento castrense en Tamaulipas, evento que detonó una revisión exhaustiva de los protocolos y la legalidad de estos centros. Hasta agosto de 2026, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza se mantenía como el único plantel de este tipo en territorio poblano, por lo que su situación actual representa un caso de estudio sobre la aplicación de las nuevas normativas educativas federales en el ámbito estatal.
Denuncias y señalamientos contra la institución
El proceso administrativo que enfrenta la academia no es aislado, ya que la institución ha sido objeto de diversos señalamientos públicos. Reportes periodísticos han documentado denuncias de exintegrantes de la comunidad escolar que refieren presuntos abusos sexuales y laborales, además de irregularidades financieras relacionadas con cobros indebidos por conceptos de uniformes, credenciales y rangos militares que, según los testimonios, carecerían de validez oficial. Asimismo, circularon registros en redes sociales donde se evidenciaba el uso de castigos físicos como método disciplinario, lo cual contraviene las políticas de protección a la integridad de los menores en el sistema educativo.
Investigaciones y resolución esperada
Ante la gravedad de las acusaciones, tanto el gobierno federal como el gobernador Alejandro Armenta han exhortado a las posibles víctimas a formalizar sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública ha reiterado su compromiso de realizar una investigación exhaustiva para determinar las sanciones administrativas correspondientes. Manuel Viveros Narciso precisó que el área jurídica de la dependencia se encuentra analizando la documentación presentada por la academia, y se espera que sea durante la segunda quincena de octubre cuando se emita una resolución definitiva sobre el futuro de la institución y la posible revocación o mantenimiento de sus permisos de operación.
