Detención y prisión preventiva
El 5 de octubre, Maximiano “N”, médico de Sonora, se entregó voluntariamente ante las autoridades. Un juez de control ordenó su prisión preventiva justificada, tras la denuncia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) por la muerte de ocho personas vinculadas a los llamados “sueros vitaminados”. El acusado fue ingresado en un Centro de Reinserción Social (Cereso) mientras se definía su situación jurídica. La audiencia inicial incluyó la imputación de homicidio culposo con responsabilidad médica y la solicitud de vinculación a proceso. La defensa, sin embargo, pidió el plazo constitucional de 144 horas para determinar la situación legal del detenido, lo que pospuso la continuación de la audiencia al 10 de octubre de 2026.
Acusaciones y pruebas de mala praxis
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas que apuntan a una posible mala praxis médica. Se alegan condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de los tratamientos. La investigación se centra en procedimientos en los que el médico habría suministrado sustancias a personas que buscaban los sueros vitaminados. Un caso destacado involucra a un paciente que recibió un suero con diversas sustancias en un domicilio y, tras el tratamiento, sufrió un deterioro súbito que culminó en su muerte el 2 de abril. La causa de muerte se atribuyó a insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple.
La FGJE ha recopilado 146 dictámenes periciales para establecer las circunstancias de la administración de los sueros y determinar responsabilidades. La investigación abarca ocho fallecidos y 12 personas lesionadas, con el objetivo de esclarecer si las condiciones de preparación y aplicación de los tratamientos contribuyeron a las complicaciones.
Investigación y recursos incautados
El titular de la Fiscalía estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que se han asegurado siete inmuebles, diversas cuentas bancarias y 16 vehículos como parte de las diligencias. El bloqueo de cuentas y la incautación de bienes y vehículos se considera una medida que limitó la capacidad de Maximiano “N” para disponer de recursos, lo que, según la autoridad, pudo haber influido en su decisión de presentarse ante las autoridades.
La FGJE continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon las ocho muertes y los 12 casos de personas lesionadas. La medida cautelar mantiene al médico en prisión preventiva mientras se determina su vinculación a proceso, la cual se decidirá en la audiencia programada para el 10 de octubre.
Próximos pasos y contexto legal
La audiencia del 10 de octubre será decisiva para determinar si existen elementos suficientes para sujetar a Maximiano “N” a proceso por homicidio culposo con responsabilidad médica. Mientras tanto, la Fiscalía seguirá recopilando pruebas y peritajes para construir un caso sólido. La situación refleja la complejidad de los procedimientos judiciales en casos de presunta mala praxis médica y la importancia de garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la defensa del acusado.
