Un fraude de 592.3 millones de pesos en becas Benito Juárez
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha revelado una alarmante cifra de 592.3 millones de pesos desviados en el programa de becas Benito Juárez durante los ejercicios 2024 y 2025. Según la auditoría, se pagó a 67 142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población, lo que sugiere una falta de control documental y una posible colusión entre funcionarios y beneficiarios. La magnitud del fraude no solo afecta la credibilidad del programa, sino que también pone en tela de juicio la gestión de recursos públicos federales en general.
Determinaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
El informe de la SABG, parte de un análisis más amplio que detectó irregularidades por 5 639 millones de pesos en el ejercicio 2025, destaca que la mayoría de los montos desviados provienen de transferencias federales a los estados. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran 751.4 millones de pesos en infraestructura hospitalaria y 716.5 millones en agua potable, ambos con falta de documentación comprobatoria y devengo de recursos. En el ámbito de la obra pública, se identificaron 31 casos de pagos en exceso y 25 de obra pagada sin ejecutarse, sumando 979.5 millones de pesos en irregularidades. Además, el Banco del Bienestar no entregó 95 960 tarjetas en 2024, de las cuales 94 251 se registraron como activas sin haber cumplido con la norma que exige la activación solo después de que el beneficiario reciba la tarjeta bancaria.
El informe también señala que se dispersaron 8.6 millones de pesos a 1 078 cuentas y 8.5 millones a 1 376 alumnos de escuelas no prioritarias, lo que sugiere una estrategia de desvío que se extiende más allá de los beneficiarios previstos. En el sector de adquisiciones, se detectaron 259.5 millones de pesos en pagos con penas convencionales, mientras que el Instituto Nacional de Migración registró 537.6 millones en ingresos no reportados a tiempo.
Implicaciones en la administración pública y la educación
La desviación de recursos en un programa de becas tan amplio tiene consecuencias directas en la calidad de la educación y la equidad social. Los estudiantes que deberían haber recibido apoyo financiero se ven afectados por la falta de fondos, lo que puede traducirse en menor acceso a la educación superior y en la perpetuación de la desigualdad. Además, la falta de control documental y la ausencia de verificación de datos ponen en riesgo la integridad de los procesos de selección y adjudicación de becas, lo que puede erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
El impacto no se limita al ámbito educativo. La corrupción en la asignación de recursos federales a los estados y la falta de devengo de fondos en proyectos de infraestructura y agua potable generan un círculo vicioso de malversación que debilita la capacidad de los gobiernos locales para cumplir con sus obligaciones públicas. La falta de documentación comprobatoria y la ausencia de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el uso de recursos del Centro Nacional de Control de Energía son ejemplos de la falta de supervisión que permite que se produzcan estos fraudes.
Reacciones y pasos a seguir en la lucha contra la corrupción
El informe advierte que las observaciones de los órganos internos de control pueden estar en proceso de aclaración o formar parte de un proceso deliberativo por las autoridades competentes. La SABG ha verificado reintegros a la Tesorería de la Federación por 968.7 millones de pesos en programas federalizados, de los cuales 563 millones se devolvieron en 2024. En obra pública se recuperaron 70.4 millones y quedan por aclarar 680.4 millones. En el INM se enteraron 284.1 millones a la Tesorería y otros 399.6 millones se remitieron al Servicio de Administración Tributaria como créditos fiscales.
La magnitud de las irregularidades exige una respuesta contundente por parte de las autoridades federales y estatales. Se requiere una revisión exhaustiva de los procesos de selección y verificación de datos, así como la implementación de mecanismos de control más rigurosos y la imposición de sanciones ejemplares a los responsables. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales para restaurar la confianza de la ciudadanía en los programas de becas y en la gestión pública en general.
