El despliegue del Servicio Universal de Salud y sus interrogantes
El Gobierno federal ha puesto en marcha la estrategia para la implementación del Servicio Universal de Salud (SUS), un ambicioso proyecto que pretende integrar 12 mil 750 Consultorios de Atención Primaria a partir de enero de 2027. Bajo la premisa de eliminar las barreras de derechohabiencia, el modelo busca que cualquier ciudadano, independientemente de su estatus laboral, reciba atención médica de primer contacto en los 24 estados que actualmente operan bajo el esquema del IMSS-Bienestar. La promesa central es la regla de “cero rechazos”, un principio que, sobre el papel, garantiza la valoración inmediata y la referencia a unidades de mayor complejidad en caso de ser necesario. Sin embargo, la viabilidad operativa de este sistema en un país con profundas brechas de infraestructura sanitaria sigue siendo el punto más cuestionado por analistas y sectores de la sociedad civil.
Inconsistencias en la oferta de medicamentos y logística
Uno de los aspectos que ha generado mayor incertidumbre es la disparidad en la información oficial respecto a los insumos básicos. Mientras que en agosto pasado la Presidencia y la Secretaría de Salud anunciaron que los consultorios contarían con 90 tipos de medicamentos gratuitos, la presidenta Claudia Sheinbaum ajustó recientemente esta cifra a 60. Esta reducción, realizada sin una explicación técnica o financiera clara, levanta sospechas sobre la capacidad real de abastecimiento y la sostenibilidad presupuestaria del programa. La falta de transparencia en este ajuste sugiere que las restricciones fiscales podrían estar condicionando la calidad del servicio antes incluso de que este comience a operar, dejando a los pacientes en una posición de vulnerabilidad ante posibles carencias de fármacos esenciales.
La encrucijada de la credencialización y el acceso
El esquema de acceso, que contempla una aplicación móvil, un sistema de chat y la demanda espontánea, se enfrenta al reto de la digitalización en zonas marginadas. Además, la figura de la credencial del Servicio Universal de Salud, vinculada a la CURP y al expediente clínico electrónico, presenta una contradicción fundamental con el principio de “cero rechazos”. Aunque Claudia Sheinbaum ha confirmado que la entrega de estas identificaciones está por comenzar, no se ha precisado qué sucederá con aquellos ciudadanos que, por falta de acceso a tecnología o documentación, no cuenten con el plástico al momento de una emergencia. Esta ambigüedad administrativa podría convertirse en una barrera burocrática que contradiga el discurso de universalidad que el Ejecutivo ha intentado posicionar como eje rector de su política de salud.
Desigualdad regional y el futuro del sistema
La exclusión de ocho entidades federativas —Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro— de esta primera etapa subraya la fragmentación del sistema de salud mexicano. Si bien el Gobierno federal ha dejado la puerta abierta para que estos estados soliciten su incorporación, la realidad política sugiere que la centralización del mando en el IMSS-Bienestar bajo la dirección de Alejandro Svarch Pérez será el filtro principal para acceder a los recursos. Con 73 mil profesionales de la salud ya postulados, el éxito del proyecto dependerá no solo de la contratación de personal, sino de la capacidad del Estado para garantizar que la atención no se limite a una simple valoración, sino que se traduzca en tratamientos efectivos y estudios de laboratorio oportunos, evitando que el SUS se convierta en una fachada de servicios básicos sin capacidad resolutiva real.
