Traslado del exgobernador hacia el confinamiento domiciliario
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó este sábado las instalaciones del penal federal de máxima seguridad del Altiplano para dar cumplimiento a la medida de prisión domiciliaria dictada por una jueza federal. El político de 74 años, quien es una figura histórica del Partido Acción Nacional (PAN) al haber sido el primer opositor en ganar una gubernatura tras seis décadas de hegemonía del PRI, fue trasladado bajo un estricto operativo de seguridad encabezado por unidades de la Guardia Nacional. Esta corporación será la encargada de mantener una vigilancia permanente en el domicilio autorizado, asegurando que el imputado no abandone el inmueble mientras continúa el proceso judicial en su contra por su presunta implicación en una red de contrabando de combustibles.
Argumentos de la defensa y condiciones judiciales
La resolución que permitió el cambio de medida cautelar, emitida el pasado viernes, no representa una exoneración ni una modificación en su estatus de vinculado a proceso. La decisión judicial se fundamentó en los alegatos presentados por la defensa legal de Ruffo, quienes enfatizaron el deterioro físico, la avanzada edad y los problemas de salud que el exmandatario ha enfrentado durante los más de dos meses que permaneció recluido en el centro penitenciario. Como parte de las condiciones estrictas impuestas por la autoridad, el exgobernador ha entregado su pasaporte y visa, además de tener prohibido estrictamente cualquier contacto con testigos o personas vinculadas a la investigación en curso.
La trama del huachicol fiscal y la acusación de la FGR
Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio y vinculado a proceso una semana después por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y diversas infracciones en materia de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exgobernador formó parte de una compleja estructura delictiva que operaba mediante empresas dedicadas a la importación de petrolíferos. Según la acusación, esta red introducía combustible desde refinerías en Texas, Estados Unidos, utilizando ferrotanques en los que declaraban volúmenes significativamente inferiores a los realmente transportados, una práctica conocida en México como “huachicol fiscal” para evadir el pago de impuestos.
Alcance de la investigación y estatus legal
La investigación, que cobró relevancia tras el aseguramiento de 33 ferrotanques en Coahuila en julio de 2025, ha puesto bajo la lupa a 25 objetivos empresariales, aduanales y logísticos. Por su parte, la defensa de Ruffo ha reconocido que el exfuncionario posee entre el 39% y el 40% de las acciones de Ingemar, la empresa que se encuentra en el centro del expediente judicial, aunque han negado categóricamente que él ejerciera funciones operativas o de dirección en la compañía. Actualmente, el proceso enfrenta una pausa en la apertura del juicio oral, debido a que un tribunal mantiene suspendida la causa mientras se resuelve un amparo promovido por la defensa contra la vinculación a proceso original.
